Ante el anuncio del ministro de Agricultura, Francisco González García, de postergar la transferencia del proyecto Pasto Grande a la Región Moquegua, debido al conflicto surgido con la Región Arequipa, la presidenta Cristala Constantinides Rosado, en lugar de abrir la posibilidad del diálogo, optó por darle un ultimátum al gobierno. Concedió un plazo de cinco días para que el Ejecutivo entregue el proyecto o de lo contrario radicalizará las violentas acciones que los moqueguanos han emprendido con el bloqueo de las carreteras del sur. Constantinides se ha negado a darles una gota de agua a los arequipeños. Y ante una información de Canal N, Palacio de Gobierno desmintió que la premier Beatriz Merino Lucero haya renunciado o el jefe del Estado le haya pedido la dimisión. Pero la crisis continúa, ya que todavía no se sabe si el presidente Alejandro Toledo aceptará las propuestas de la jefa de gabinete para renovar algunas carteras. La pelea entre PP y el FIM también se mantiene: hoy ambas bancadas se reúnen por separado para evaluar si valió la pena la alianza. Mientras el congresista Heriberto Benítez Rivas denunció que el vocal supremo César Vega alquila su vivienda al abogado Ángel Romero Díaz, quien, además de actuar como personero nacional del APRA, es defensor de uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos, Luis Duthurburu Cubas. La gravedad del hecho consiste en que Vega Vega no sólo admitió que es amigo de Romero Díaz sino también que, como miembro de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, revisó cinco expedientes del procesado Duthurburu, coincidentemente el cliente de su colega.
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