CASO TIA MARIA

En el valle de Tambo, Arequipa, los agricultores también se opusieron este año al proyecto minero Tía María porque iba a afectar el suministro de aguas superficiales o subterráneas. El 22 de noviembre protagonizaron un violento paro de tres días que incluyó enfrentamientos con la Policía. La empresa necesita 7 millones de metros cúbicos de agua al año para producir 120 mil toneladas de cátodos de cobre y los cogía del subsuelo. Ante las protestas, Southern Perú tuvo que cambiar de estrategia. La salida: la minera ha prometido instalar una planta para desalinizar agua de mar, que le significará una inversión de 50 millones de dólares.
No solo en Arequipa, también en Tacna, la empresa Southern enfrenta la protesta de las pobladores. En la provincia tacneña de Candarave la empresa explota 1,500 litros por segundo de agua subterránea y superficial para sus minas de Toquepala y Cuajone. El alcalde del lugar, Mario Copa, ha culpado a la minera del agotamiento del recurso hídrico y de la desertificación de 27 mil hectáreas de humedales.
En busca de una solución, en setiembre de este año el Congreso declaró de interés y necesidad pública el proyecto de trasvase de 6 metros cúbicos por segundo del río Desaguadero, efluente del lago Titicaca, a la región Tacna. La reacción altiplánica fue inmediata. Los dirigentes campesinos respondieron que de ninguna forma permitirán “que se lleven su agua”, postura que fue respaldada por el presidente regional electo Mauricio Rodríguez. El objetivo del proyecto es mitigar la crisis hídrica que existe en Tacna, que tiene un déficit de 8.4 metros cúbicos por segundo en todas sus cuencas, y asegurar el recurso para uso agrícola y poblacional. La Ciudad Heroica, de 300 mil habitantes, tiene agua potable, en promedio, solo unas diez horas al día. Como se ve, algunos tienen agua y otros mucho menos. Y la discordia está latente.
El tema de fondo aquí es que el Estado, a través de sus distintas entidades, ha concesionado gran parte del territorio nacional para operaciones mineras –hay 21 millones de hectáreas concesionadas: 16% del territorio nacional– sin tener en cuenta el daño que los proyectos pueden ocasionar a los ríos y zonas hídricas que atraviesan esas zonas. De igual manera, ha permitido la ejecución de obras de represamiento de aguas que pueden hacer estallar conflictos, porque una región siente que otra le quita el elemento.